Empresarios de distintos sectores económicos consideraron “fundamental” que el Estado maneje los recursos energéticos que “necesita la industria para asegurar la cadena de producción” y continuar con el “círculo virtuoso de crecimiento”, al explicitar su apoyo a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF.
Empresarios chicos, pequeños y grandes coincidieron en afirmar que la única forma de mantener el consumo es “apostando a la inversión” y se mostraron esperanzados en que el Gobierno gestione YPF bajo ese parámetro.
Entre los consultados figuraron el presidente de CAME, Osvaldo Cornide; el titular de la CGERA, Marcelo Fernández; representantes de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA); y Alberto Sellaro, de la Cámara de la Industria del Calzado; entre otros representantes del sector privado.
También explicitó su posición en tal sentido la Asociación de Industriales Metalúrgicos de las República Argentina (ADIMRA).
Cornide, en diálogo con Télam, resaltó que “la importación de hidrocarburos compromete el crecimiento potencial de la Argentina. Actualmente ya equivalen al 14% de nuestras compras externas”.
“Esta peligrosa dependencia resulta más irritante habida cuenta que en nuestro subsuelo tenemos uno de los más importantes reservorios gasíferos del mundo”, dijo el dirigente empresario.
En la misma línea apuntó que “la reciente experiencia de la YPF privatizada demuestra que la lógica corporativa, para la cual el petróleo es solo un commoditie más y cuya explotación debe ser regulada por el mercado, arrojó consecuencias que se contradicen con los objetivos de garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo el autoabastecimiento energético”.
“La decisión de ampliar la participación del Estado y las provincias reorienta la política energética en el sentido correcto”, sostuvo.
También destacó que “la estrategia corporativa del grupo Repsol, se orientaba con otras prioridades” y que las “utilidades” tuvieron como finalidad “financiar inversiones en otros puntos del planeta”.
El titular de CAME se mostró partidario de que Argentina asuma “el desafío de poner en valor las reservas gasíferas y petroleras no convencionales, que se encuentran entre las más importantes de mundo”.
Citó como antecedente “los contratos petroleros firmados por el presidente (Arturo) Frondizi, donde el total del petróleo extraído por las compañías era vendido a YPF y logró el autoabastecimiento en tres años”.
ADIMRA, por su parte, dijo que “apoya la decisión del Gobierno de velar por los intereses nacionales en relación a la matriz energética”.
“Para la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina el protagonismo del Estado en materia energética es clave para el resguardo de los recursos naturales propios y para el autoabastecimiento”, señaló la entidad que conduce Juan Carlos Lascurain a través de un comunicado.
“La decisión política, demostrada nuevamente por el gobierno, instala a nuestro país en el sendero de cumplimiento de los objetivos de reindustrialización, enmarcados en el modelo de desarrollo vigente, involucrando como factor estructural de sostenimiento del mismo, la planificación de largo plazo, que involucre la explotación y asegure el normal funcionamiento de la matriz energética”, sostuvo ADIMRA.
En tanto, Marcelo Fernández dijo que la recuperación de YPF “apunta a corregir errores del pasado” porque cuando “hay un Estado presente, el Estado corrije lo que está mal, y por eso debemos acompañar todos los argentinos”.
“YPF era una empresa de desinversión, no apostaba a la exploración, y el gobierno decidió intervenir”, sumó Fernández.
Además los industriales enrolados en la Confederación General Económica (CGE) y operadores de comercio exterior, como la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), también apoyaron la medida.
“La CGE hace público su apoyo con el objetivo de lograr el autoabastecimiento”, indicó el presidente de la entidad, Guillermo Gómez Galizia.
Destacó que “el proyecto establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico, y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias, lo que nos parece importante para que todas las juridicciones tengan las mismas posibilidades”.
“Es el primer paso para recuperar soberanía ya que como dijo la presidenta, somos el único país de Latinoamérica y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales”, destacó el empresario.
Desde AIERA, manifestaron su “adhesión al proyecto para declarar de interés público nacional la explotación de hidrocarburos y lograr de esta manera el autoabastecimiento en la materia, expropiando el 51 % de las acciones de YPF”.
“La única finalidad de la empresa durante la gestión Repsol fue la del lucro, a costa del incremento del precio interno”, afirmaron.
Argumentaron con “la importación de combustible, la afectación de la balanza comercial argentina, y la remisión desmesurada de utilidades hacia el exterior”, en tanto, celebraron el “espíritu de respeto a la ley de sociedad privada, la despartidización, y la profesionalización de la gestión estatal de YPF”.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato, coincidió en que “el Estado debe manejar los recursos para garantizar la continuidad de la cadena productiva”.
Contó que “muchas veces hemos tenido que parar alguna producción por falta de gas por falta de inversiones asi que la acción de Gobierno está totalmente justificada”, agregó.
En tanto, el presidente de la Cámara del Calzado, Alberto Sellaro, dijo que “es importante la recuperación de YPF para la pertenencia de los argentinos. Yo soy empresario, pero sobre todo, soy argentino”.
Fuente: Télam